Hay documentos que sobreviven al paso de los siglos no solamente para dar cuenta de un acontecimiento, sino para revelar las relaciones de poder, las injusticias y las formas de resistencia de los pueblos que habitaban estos territorios antes y después de la instauración del régimen colonial. Entre esos documentos se encuentra un expediente fechado en abril de 1577, que conserva una historia extraordinaria: la reclamación de tres capitanes indígenas de Suba ante la Real Audiencia de Santafé por el cobro de oro que consideraban injustificado y la retención de una manta perteneciente a uno de sus principales.

Es una historia ocurrida hace más de cuatro siglos, pero que permite acercarnos a las voces de los antiguos habitantes de Suba, a sus autoridades, a sus formas de organización y, sobre todo, a su capacidad de acudir a las instancias de justicia para defender sus derechos frente a los abusos de los funcionarios y particulares vinculados al sistema colonial.

El tributo: una obligación que no terminaba de pagarse

Corría el año de 1577. Los indígenas de Suba y Usaquén debían cumplir con el pago de la denominada demora, una obligación tributaria impuesta dentro del régimen colonial. Para ello, sus autoridades y comunidades reunían el oro correspondiente y se desplazaban hasta Santafé, donde debía ser pesado y contabilizado.

En esta diligencia aparecen tres capitanes de Suba: don Juan, don Francisco y Yapa, quienes, en representación de los demás capitanes y del cacique de Suba, decidieron presentar una petición ante la Real Audiencia.

El motivo era concreto: después de haber reunido y entregado el oro exigido, se les informó que faltaban treinta pesos. Sin embargo, según los testimonios recogidos posteriormente, esa misma cantidad ya había sido contabilizada y pesada en una diligencia anterior.

La primera operación se habría realizado en casa del capitán Juan de Montalvo, quien efectuó la cuenta y el pesaje del metal. Allí, según los declarantes, se había completado la cantidad requerida para satisfacer la demora.

Posteriormente, el oro fue llevado a la casa de Hernando Arias, donde debía realizarse una nueva verificación. Fue entonces cuando apareció la supuesta diferencia: treinta pesos de oro que, según se afirmó, no estaban completos.

La sorpresa de los indígenas se convirtió en indignación. ¿Cómo podía faltar una cantidad que ya había sido pesada y cuya cuenta había sido realizada previamente?

La reclamación no era solamente por el oro. Era también por el trato recibido, por la presión para entregar más recursos y por la incertidumbre que generaba una obligación cuyo cumplimiento parecía no tener fin.

La manta del capitán Biallo: una prenda en medio de la controversia

En medio de aquella disputa ocurrió uno de los episodios más reveladores del expediente. Cuando los indígenas salían del aposento donde se pesaba el oro, se advirtió que faltaba una llave. Hernando Arias, buscando que apareciera, tomó la manta del capitán Biallo, uno de los principales de Suba. La manta no era un objeto cualquiera dentro de aquella escena. Era una pertenencia personal que terminó convertida en prenda de presión en medio de una controversia económica.

Los testimonios señalan que Biallo llevaba tres pequeños tejuelos de oro atados en uno de los extremos de su manta. Al advertirlo, Hernando Arias habría intentado tomar también aquel oro, argumentando que podía servir como garantía hasta que apareciera la llave. Pero el capitán Biallo no quiso entregarlo. Fue entonces cuando intervino Martinico, indígena ladino y cristiano de Usaquén, quien declaró haber recibido los tres tejuelos de manos de Biallo y haber salido con ellos hacia la plaza. Su declaración resulta especialmente importante porque describe cómo el oro fue posteriormente devuelto al capitán en la calle, frente a la casa de Hernando Arias.

Martinico afirmó que Arias se molestó porque no le habían entregado los tejuelos. Este episodio permite observar cómo una disputa por una supuesta diferencia en el pago de la demora terminó involucrando las pertenencias personales de una autoridad indígena y la exigencia de garantías adicionales.

Las voces indígenas ante la Real Audiencia

El 22 de abril de 1577, la Real Audiencia de Santafé recibió la petición de los capitanes. El asunto fue remitido al licenciado Cetina, oidor de la Audiencia, quien ordenó recibir información sobre los hechos. La diligencia contó con la participación de Joan de Albiz, escribano de cámara, y Juan de Lagos, intérprete o «lengua», encargado de facilitar las declaraciones de los indígenas.

Comenzaron entonces a escucharse los testimonios.

Teusaque, indígena de Suba y residente natural de Usaquén según la lectura del documento, relató que había presenciado el pesaje del oro y que la cantidad inicialmente reunida había sido completada en casa de Juan de Montalvo. También describió el momento en que Hernando Arias manifestó que faltaban treinta pesos y tomó la manta de Gallo.

Cauzera, indigena natural de Suba, confirmó los aspectos esenciales del relato. Recordó que el oro había sido pesado, que posteriormente se exigió una cantidad adicional y que, al advertirse la ausencia de la llave, Hernando Arias tomó la manta del capitán Biallo.

Nenzuo, identificado como natural de Usaquén, también corroboró que el oro había sido reunido y pesado antes de llegar a casa de Hernando Arias. Su declaración destacó el malestar de los indígenas ante la nueva exigencia y la manera en que la comunidad terminó reuniendo los treinta pesos reclamados.

Pero uno de los testimonios más significativos fue el de Martinico.

A diferencia de los anteriores declarantes, Martinico afirmó haber intervenido directamente en el episodio de los tres tejuelos de oro. Su declaración permitió reconstruir el recorrido de aquellas piezas y las circunstancias en que fueron retiradas de la manta del capitán Biallo.

En este expediente, las voces indígenas no aparecen únicamente como sujetos sometidos a una obligación tributaria. Aparecen como testigos, declarantes y participantes activos en la reconstrucción de los acontecimientos.

Una nueva exigencia: cincuenta pesos por cada cacique

La declaración de Martinico revela otro elemento que amplía la dimensión de la controversia.

Según su testimonio, después de que los indígenas habían reunido los treinta pesos reclamados, Hernando Arias habría exigido que cada cacique entregara cincuenta pesos adicionales, argumentando que el oro presentado era de baja ley, descrito en el documento como «muy baxo». Esta afirmación introduce una nueva dimensión en el conflicto: ya no se trataba solamente de la diferencia inicial de treinta pesos, sino de una exigencia adicional que podía incrementar considerablemente la carga económica de las autoridades indígenas.

El expediente permite advertir que el cacique de Suba habría distribuido entre los indígenas la carga de reunir los treinta pesos que inicialmente se reclamaban. El documento no permite establecer con certeza el resultado definitivo de todas las exigencias económicas, pero sí deja constancia de la inconformidad de los declarantes y del perjuicio que, según ellos, estaban experimentando. La palabra «agravio» aparece como una expresión central de aquella reclamación.

Hernando Arias también declara

El expediente no termina con los testimonios indígenas.

En el folio 88r aparece una declaración atribuida a Hernando Arias, quien ofrece su propia versión de los acontecimientos. Según la parte legible de su declaración, reconoció que los indígenas de Suba habían acudido a entregar el oro de la demora y que había faltado una llave de su escritorio o aposento, junto con una cantidad de oro que identifica como treinta pesos.

También reconoció haber tomado la manta de un capitán llamado Gallo y señaló que en uno de sus extremos llevaba dos o tres tejuelos de oro. Sin embargo, su versión difiere de algunos detalles proporcionados por los testigos indígenas, especialmente en cuanto al peso de aquellas piezas. Esta declaración resulta fundamental para el análisis histórico porque permite confrontar las versiones de los distintos participantes y reconocer que el expediente conserva un conflicto en el que las partes no presentaron una interpretación idéntica de los hechos.

La investigación histórica debe detenerse precisamente allí: en las coincidencias, las contradicciones y los silencios que deja el documento.

Suba tenía autoridades y capacidad de representación

Más allá de la controversia por el oro, este expediente contiene información de enorme importancia para la memoria histórica del Pueblo Muisca de Suba.

En primer lugar, demuestra que para 1577 existían autoridades indígenas reconocibles bajo las denominaciones de cacique y capitanes, con capacidad de representar a sus comunidades ante las instituciones coloniales.

Los nombres de don Juan, don Francisco y Yopa aparecen asociados a una representación colectiva. Su petición no se limita a una inconformidad individual: expresamente manifiestan actuar en nombre de los demás capitanes y del cacique de Suba.

En segundo lugar, el documento evidencia relaciones entre las comunidades de Suba y Usaquén. Sus habitantes aparecen compartiendo espacios de cumplimiento tributario, diligencias de pesaje y testimonios judiciales.

En tercer lugar, demuestra que los indígenas conocían y utilizaban los mecanismos institucionales disponibles para formular reclamaciones. Los capitanes no permanecieron en silencio frente a lo sucedido: acudieron a la Real Audiencia, presentaron una petición formal, identificaron a los responsables de los hechos y solicitaron la intervención de la autoridad judicial.

Todo ello constituye una evidencia documental de la continuidad de estructuras de autoridad y representación indígena durante el siglo XVI, en medio de un orden colonial que había transformado profundamente las condiciones políticas, económicas y territoriales de los pueblos originarios.

Cuatro siglos después: la memoria que permanece

Los folios 82r a 88v conservan mucho más que una discusión por treinta pesos de oro.

Conservan los nombres de autoridades indígenas, las voces de quienes presenciaron los acontecimientos, las relaciones entre Suba y Usaquén y la memoria de una comunidad que acudió a la justicia para denunciar lo que consideraba un abuso. En sus páginas aparecen don Juan, don Francisco Yopa, Biallo, Teusaque, Cauzera, Nenzuo y Martinico. Son nombres que nos permiten acercarnos a personas concretas que habitaron estos territorios hace más de cuatrocientos años.

También aparece una institución colonial ante la cual las autoridades indígenas decidieron reclamar: la Real Audiencia de Santafé. No debemos interpretar este expediente como una demostración de que las condiciones de justicia fueran iguales para todos. Por el contrario, su contenido permite observar las desigualdades propias del régimen colonial y las dificultades que enfrentaban las comunidades indígenas para defender sus intereses.

Pero también nos permite reconocer algo fundamental: los antiguos habitantes de Suba no fueron sujetos pasivos de la historia. Tenían autoridades, organización, capacidad de decisión y mecanismos de defensa de sus comunidades.

La historia de 1577 nos recuerda que la presencia del Pueblo Muisca de Suba no comienza con los reconocimientos institucionales contemporáneos ni se limita a las narrativas del pasado prehispánico. Su trayectoria también está escrita en los expedientes coloniales, en las declaraciones de sus autoridades y en las actuaciones mediante las cuales defendieron sus derechos.

La manta del capitán Biallo, los tres tejuelos de oro y los treinta pesos reclamados son hoy parte de una memoria documental que nos permite escuchar, cuatro siglos después, la voz de quienes se negaron a aceptar en silencio aquello que consideraban injusto.

Porque Suba no es solamente un territorio con pasado indígena, sino también de resistencia, y en abril de 1577, ante la Real Audiencia de Santafé, sus autoridades dejaron una huella escrita de esa historia.

Triviño Cabiativa 2026. Universidad Incca de Colombia- Expedientes judiciales indigenas de la Real Audiencia de Santa Fe

Linaje, sucesión y autonomía en el cacicazgo muysca de Bogotá: la Casa Pisco y la reclamación de 1781

El cacicazgo muysca de Bogotá constituyó una institución de autoridad, representación y organización política cuya existencia antecede a la instauración del régimen colonial y cuya transformación permite comprender las tensiones entre el gobierno propio indígena y el orden jurídico de la Monarquía hispánica. Este artículo examina dicha institución a partir del expediente promovido por Don Ambrosio Pisco ante la Real Audiencia de Santafé en 1781, conservado en el Archivo Histórico Nacional de Colombia, fondo Caciques e Indios, tomo XXVI, folios 1r–10v, así como de la causa criminal de 1758 que lo identifica como hermano del cacique de Bogotá.

Mediante el análisis paleográfico, genealógico y jurídico de estas fuentes, se reconstruyen los vínculos de la Casa Pisco, las controversias sobre la sucesión cacical, la utilización de la categoría colonial de mestizaje como argumento de exclusión y las formalidades procesales exigidas para el reconocimiento de la autoridad indígena. Asimismo, se examina la participación de Ambrosio Pisco en el movimiento comunero de 1781 y su pretensión de intervenir en la restitución de los pueblos indígenas extinguidos y sus respectivos resguardos.

Se sostiene que la legitimidad cacical se encontraba atravesada por tres dimensiones: la descendencia y memoria del linaje, el reconocimiento de la comunidad y la validación de las autoridades coloniales. El caso evidencia, además, que el cacicazgo conservó una función política y territorial que trascendía la sucesión familiar. Finalmente, se establecen algunas reflexiones sobre la relación histórica entre el cacicazgo y las actuales instituciones de gobierno propio del pueblo Muysca, particularmente en lo concerniente a la autonomía, la pertenencia comunitaria, la autoridad tradicional y la defensa del territorio.

Palabras clave: Pueblo Muysca, cacicazgo de Bogotá, Ambrosio Pisco, gobierno propio, sucesión cacical, derecho indiano, territorio indígena, movimiento comunero, autonomía indígena.

1. Introducción: el cacicazgo como institución política del pueblo Muysca

La historia política del pueblo Muysca no puede comprenderse exclusivamente desde los acontecimientos de la conquista española ni desde las instituciones administrativas que posteriormente estableció la Corona. Antes de 1537, el altiplano cundiboyacense constituía un espacio organizado mediante relaciones de parentesco, autoridad, territorialidad, intercambio y gobierno, en el cual existían diferentes unidades políticas articuladas alrededor de autoridades reconocidas por sus comunidades.

Entre estas estructuras se encontraba el cacicazgo de Bogotá, asociado al antiguo centro político de Bacatá y posteriormente al pueblo colonial de Bogotá, hoy Funza. Su importancia no radicaba únicamente en la posición jerárquica de su autoridad, sino en las funciones de representación, organización comunitaria, administración de los asuntos colectivos y protección de los territorios bajo su jurisdicción.

La figura del cacique debe entenderse, por tanto, como una institución de gobierno indígena, cuya autoridad estaba vinculada a la continuidad del linaje y a las relaciones de legitimidad establecidas con la comunidad. No se trataba simplemente de un título nobiliario trasladable a las categorías europeas, sino de una expresión de organización política propia que, después de la conquista, tuvo que desenvolverse dentro de un sistema colonial que buscó regular, transformar y controlar sus atribuciones.

Un documento particularmente revelador de estas tensiones es el expediente iniciado por Don Ambrosio Pisco en 1781 ante la Real Audiencia de Santafé. En él, Pisco reclamó el reconocimiento del cacicazgo de Bogotá, fundamentando su pretensión en su ascendencia familiar, los antecedentes de sus parientes y el reconocimiento que, según manifestó, le habían otorgado diferentes pueblos indígenas.

El expediente adquiere una dimensión histórica adicional por su relación con la revolución de los Comuneros de 1781. Ambrosio Pisco no presentó su reclamación únicamente como una controversia sucesoria, sino como parte de un proyecto político relacionado con la restitución de los pueblos indígenas extinguidos y la recuperación de sus respectivos territorios.

En este contexto, el presente estudio plantea la siguiente pregunta: ¿cómo se configuraba la legitimidad para ejercer el cacicazgo muysca de Bogotá a finales del siglo XVIII y qué relación existía entre el linaje, el reconocimiento comunitario, la intervención colonial y la defensa territorial?

La hipótesis central sostiene que el cacicazgo de Bogotá conservó elementos fundamentales de su organización indígena, aunque su ejercicio quedó progresivamente condicionado por las instituciones coloniales. El caso Pisco permite observar que la autoridad no dependía exclusivamente de la descendencia: también requería reconocimiento social, capacidad de gobierno y, bajo el régimen colonial, confirmación de la Real Audiencia.

2. El pueblo Muysca y sus estructuras de autoridad territorial

Cuando las huestes de Gonzalo Jiménez de Quesada llegaron al altiplano en 1537 encontraron sociedades indígenas con estructuras políticas, económicas y ceremoniales consolidadas. Las fuentes coloniales identificaron grandes autoridades como los señores de Bogotá y Tunja, además de otros centros de poder como Duitama y Sogamoso.

La historiografía contemporánea ha permitido superar la interpretación simplificada de estas sociedades como un único Estado centralizado. El territorio muysca estaba organizado mediante unidades políticas y comunitarias articuladas a través de relaciones de parentesco, reciprocidad, intercambio y subordinación política.

En este entramado se encontraban las unidades que las fuentes coloniales denominaron capitanías, asociadas a categorías indígenas como uta y sybyn, cuya organización y alcance deben interpretarse atendiendo a las particularidades territoriales y a las transformaciones históricas documentadas.

El cacique representaba una autoridad reconocida dentro de ese orden. Sus funciones comprendían la orientación de los asuntos colectivos, la representación ante otras autoridades, la organización de obligaciones comunitarias, la intervención en controversias y la protección de los intereses territoriales de su comunidad.

En consecuencia, el cacicazgo debe estudiarse desde cuatro dimensiones fundamentales:

• Dimensión política: ejercicio de autoridad y dirección de la organización comunitaria.

• Dimensión territorial: representación y protección de las tierras, los espacios colectivos y los lugares de significación cultural y ceremonial.

• Dimensión jurídica: reconocimiento de las costumbres y de los mecanismos propios de sucesión, resolución de controversias y legitimación de la autoridad.

• Dimensión genealógica: continuidad de los vínculos familiares y de las relaciones de parentesco que sustentaban el ejercicio del gobierno.

Esta caracterización permite comprender que la autoridad cacical no era una institución aislada de la comunidad. Su existencia y legitimidad estaban vinculadas a la continuidad de un orden social y territorial.

3. La sucesión cacical: linaje, parentesco y continuidad de la autoridad

Uno de los elementos más relevantes de la organización política muysca fue la importancia del parentesco en la transmisión de la autoridad. Diversas fuentes coloniales describieron mecanismos sucesorios en los cuales el derecho al cacicazgo podía transmitirse por la línea materna, particularmente mediante el hijo de la hermana del gobernante.

Esta práctica ha sido objeto de análisis por la historiografía, que advierte la necesidad de evitar generalizaciones sobre todos los territorios muyscas. Las sucesiones documentadas presentan variaciones y, en determinados casos, también aparecen hermanos, sobrinos y otros integrantes de las familias cacicales.

Sin embargo, el principio de descendencia materna constituye un elemento fundamental para interpretar los conflictos sucesorios del periodo colonial.

En el expediente de Ambrosio Pisco, la genealogía desempeña un papel central. El pretendiente manifestó ser hijo legítimo de Don Antonio Pisco y Doña Gertrudis Pisco. Su padre era hijo de Don Ambrosio Pisco, hermano entero y legítimo de Don Luis Pisco, antiguo cacique de Bogotá. Su madre, Gertrudis, era hija legítima del propio Don Luis.

De esta manera, Ambrosio Pisco argumentaba que descendía del antiguo cacique por dos líneas familiares: por la paterna, como sobrino nieto, y por la materna, como nieto.

Esta doble descendencia fortalecía su reclamación y le permitía presentarse como el primer llamado a la sucesión.

El documento resulta particularmente significativo porque evidencia que una mujer, Doña Gertrudis Pisco, constituía el vínculo genealógico más próximo entre el antiguo cacique y el pretendiente. La transmisión de la legitimidad familiar, por consiguiente, no puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva masculina o desde los principios de primogenitura castellana.

La genealogía documentada permite reconstruir la siguiente secuencia:

1. Don Luis Pisco ejerció el cacicazgo de Bogotá.

2. Sus hijos varones ocuparon posteriormente el cacicazgo mediante declaratoria de la Real Audiencia, pero murieron sin sucesión.

3. Doña Gertrudis Pisco, hija legítima de Don Luis, contrajo matrimonio con Don Antonio Pisco, hijo de Don Ambrosio Pisco, hermano del antiguo cacique.

4. De esta unión nació Don Ambrosio Pisco, bautizado el 15 de septiembre de 1737.

5. Don Ignacio Pisco, hermano mayor de Ambrosio, llegó a ejercer el cacicazgo.

6. Tras la muerte de Ignacio, su hijo Don Joseph Vicente Pisco manifestó tener derechos sucesorios, aunque posteriormente renunció a su derecho personal en favor de su tío.

La reconstrucción genealógica permite observar la importancia de la memoria familiar como elemento de continuidad institucional. También demuestra que los conflictos de sucesión no eran simples disputas domésticas: involucraban la representación política de una comunidad y la continuidad de una autoridad territorial.

4. El mestizaje como categoría de exclusión en el orden colonial

Uno de los pasajes más relevantes del memorial de Ambrosio Pisco se refiere a su sobrino Joseph Vicente, hijo de Don Ignacio Pisco y Antonia Sánchez, a quien describe como mestiza.

Ambrosio argumentó que su sobrino estaba excluido del cacicazgo por la denominada «mescla de sangre», sosteniendo que no podía ejercer como cacique ni reclamar plenamente las preeminencias asociadas a la hidalguía.

Esta afirmación debe interpretarse dentro del sistema jurídico y social de la Monarquía hispánica.

La Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias de 1680 reguló la sucesión de los cacicazgos, reconociendo la importancia de las costumbres antiguas de cada lugar y estableciendo restricciones para el ejercicio de la autoridad por personas consideradas mestizas.

A su vez, la Real Cédula de 1697 reconoció determinadas preeminencias y honores a los caciques y sus descendientes, circunstancia que explica la asociación que Ambrosio estableció entre la condición cacical y la hidalguía.

No obstante, el argumento del mestizaje contiene una dimensión adicional. Ambrosio afirmó que su sobrino no había reclamado el cacicazgo por temor a que los indígenas del pueblo le objetaran ese defecto.

Esta referencia introduce un elemento fundamental: el reconocimiento comunitario.

El memorial permite distinguir tres dimensiones de la controversia:

• La dimensión normativa: las restricciones establecidas por el derecho colonial.

• La dimensión genealógica: la pertenencia a una familia que había ejercido históricamente el cacicazgo.

• La dimensión comunitaria: la aceptación o rechazo de la persona que pretendía ejercer la autoridad.

Debe advertirse que la exclusión por mestizaje aparece en el memorial como argumento de una de las partes y no como una conclusión judicial definitiva. De hecho, el expediente demuestra que Joseph Vicente fue citado, escuchado y reconocido como titular de un derecho sucesorio que debía ser examinado.

Este aspecto permite comprender cómo las categorías coloniales fueron incorporadas a los conflictos internos de las familias indígenas, convirtiéndose en instrumentos jurídicos y políticos para defender o disputar posiciones de autoridad.

Desde una perspectiva contemporánea, el episodio permite identificar una transformación profunda en los criterios de pertenencia indígena. Las categorías coloniales de sangre y castas no pueden trasladarse al reconocimiento actual de la identidad muysca, que debe comprenderse desde la conciencia de pertenencia, la continuidad cultural, la memoria colectiva y el reconocimiento comunitario.

5. El cacicazgo de Bogotá y la revolución de los Comuneros de 1781

El expediente de Ambrosio Pisco adquiere una dimensión política excepcional por su relación con el movimiento comunero.

Durante 1781, diferentes sectores sociales del Nuevo Reino de Granada se movilizaron contra las medidas fiscales y administrativas de la Corona. En medio de este levantamiento, las reivindicaciones indígenas relacionadas con la recuperación de los pueblos extinguidos y sus territorios encontraron un espacio de articulación política.

Ambrosio Pisco manifestó que se encontraba retirado en Güepsa, jurisdicción de Vélez, dedicado a trabajar para mantener a su familia, cuando recibió órdenes de incorporarse al movimiento.

En su memorial relató que acompañó a las fuerzas comuneras hasta Zipaquirá y que posteriormente recibió el encargo de custodiar el camino del pueblo de Suba e impedir el ingreso de compañías que pretendían avanzar hacia Santafé.

La referencia a Suba resulta especialmente significativa para la historia del pueblo Muysca de Suba, pues demuestra que su territorio aparecía relacionado con los acontecimientos políticos y militares del levantamiento comunero.

El documento señala expresamente que al comandante se le encargó guardar «el camino del Pueblo de Suba».

Esta mención constituye una evidencia documental de la importancia estratégica que tenía dicho territorio dentro de las comunicaciones y movimientos de las fuerzas que participaron en los acontecimientos de 1781.

Sin embargo, el aspecto más trascendental de la reclamación de Pisco fue su propuesta de restituir a los indígenas los pueblos extinguidos y devolverles sus respectivos resguardos.

En el memorial sostuvo que, en el contexto de las capitulaciones comuneras, se había contemplado la restitución de los pueblos indígenas y que esta responsabilidad debía recaer en el protector de naturales y en él mismo, en calidad de cacique.

Su pretensión comprendía el reconocimiento del cacicazgo de Bogotá y la concesión del gobierno de los pueblos de las jurisdicciones de Santafé, Tunja, Vélez y la provincia de Sogamoso.

La propuesta excedía los límites de una reclamación familiar. Representaba un proyecto de articulación política indígena orientado a recuperar comunidades y territorios afectados por las políticas coloniales de agregación y extinción de pueblos.

En este sentido, el cacicazgo se proyectaba como un instrumento de defensa territorial, representación colectiva y recuperación de derechos.

La reclamación de Ambrosio Pisco demuestra que, en el contexto de la crisis colonial, la autoridad indígena conservaba una capacidad de movilización política que no puede reducirse a las funciones administrativas que la Corona le había asignado.

6. La intervención de la Real Audiencia: el gobierno indígena sometido al procedimiento colonial

El expediente de 1781 permite estudiar con considerable precisión las relaciones entre la autoridad indígena y la administración de justicia colonial.

Ambrosio Pisco acudió a la Real Audiencia para obtener el reconocimiento de su derecho al cacicazgo. Para ello presentó argumentos genealógicos y documentales, entre ellos su partida de bautismo, certificada el 21 de junio de 1781 por el cura de Santa Lucía de Chía.

El trámite judicial también involucró a Joseph Vicente Pisco, quien manifestó ser el primogénito y único hijo de Don Ignacio Pisco, último cacique, y reconoció que podía reclamar el cacicazgo conforme a las reglas sucesorias.

No obstante, sostuvo que carecía de las condiciones necesarias para atender los asuntos relacionados con la restitución de los pueblos indígenas y decidió renunciar a su derecho personal en favor de su tío, reservando los derechos sucesorios de sus futuros hijos.

La Real Audiencia exigió que dicha renuncia fuera libre y voluntaria. Por esta razón, se dispuso la intervención de un protector y se practicó una declaración juramentada para verificar que la decisión no estuviera motivada por violencia, fraude, dolo, miedo o amenazas.

Este procedimiento permite identificar varios elementos jurídicos:

Primero. El derecho a ser escuchado. La Audiencia reconoció que Joseph Vicente tenía un interés sucesorio que debía ser considerado antes de adoptar una decisión.

Segundo. La voluntad libre. La renuncia debía ser ratificada mediante juramento, con el propósito de garantizar que no existieran presiones externas.

Tercero. El carácter personal de la renuncia. Joseph Vicente no renunció a los derechos de su línea familiar, sino exclusivamente al derecho personal que consideraba tener, reservando los de sus futuros descendientes.

Cuarto. La intervención judicial. La aceptación de la renuncia no significaba automáticamente el reconocimiento del cacicazgo a favor de Ambrosio. La Fiscalía advirtió que debían cumplirse las formalidades procesales correspondientes.

Quinto. La tensión entre representación y control colonial. La autoridad indígena dependía de un procedimiento administrado por funcionarios de la Corona, quienes podían determinar la validez de la sucesión.

Es importante señalar que los folios conservados y transcritos, correspondientes al expediente de 1781, no contienen una sentencia definitiva que declare a Ambrosio Pisco cacique de Bogotá. El documento permite reconstruir su reclamación y las actuaciones procesales, pero no afirmar que la Audiencia hubiera concluido formalmente el reconocimiento solicitado.

Esta precisión resulta indispensable para mantener el rigor histórico y documental de la investigación.

7. El cacicazgo como instrumento de defensa territorial

El análisis del caso Pisco permite ampliar la comprensión del cacicazgo más allá de su dimensión sucesoria.

La autoridad cacical se encontraba vinculada a la defensa de los territorios colectivos y a la representación de los pueblos frente a las instituciones coloniales.

Durante el siglo XVIII, las políticas de reorganización territorial impulsadas por la administración borbónica afectaron considerablemente la existencia de numerosos pueblos indígenas. Las medidas de agregación y extinción implicaron la pérdida de asentamientos, la reorganización de comunidades y la disposición de tierras consideradas sobrantes por las autoridades coloniales.

En su memorial, Ambrosio Pisco manifestó que había postergado su reclamación del cacicazgo debido a la situación que atravesaban los indígenas como consecuencia de la extinción de pueblos.

Su argumento demuestra que el ejercicio de la autoridad no se justificaba únicamente por el derecho de nacimiento, sino también por la responsabilidad de atender las necesidades colectivas.

Pisco vinculó expresamente su pretensión con la restitución de los indígenas a sus pueblos y resguardos. De esta manera, el cacicazgo adquiría una función política que trascendía los límites de una jurisdicción familiar.

La autoridad era presentada como un medio para recuperar la organización territorial y proteger la continuidad de las comunidades.

Esta dimensión permite comprender por qué el caso tiene especial importancia para la historia del pueblo Muysca: el territorio no constituía un simple espacio de ocupación, sino la base material y política sobre la cual se sostenían las relaciones comunitarias, los vínculos de parentesco y las formas de gobierno.

8. Del cacicazgo colonial al gobierno propio del pueblo Muysca contemporáneo

El cacicazgo colonial y los cabildos indígenas contemporáneos son instituciones históricamente diferentes. No obstante, su comparación permite identificar continuidades en las funciones de representación, organización comunitaria y defensa territorial.

La historia del pueblo Muysca de Suba ofrece un escenario particularmente significativo para esta reflexión.

El antiguo resguardo de Suba, cuya trayectoria histórica se remonta al periodo colonial, sufrió profundas transformaciones como consecuencia de las políticas de división y disposición de las tierras colectivas. La Escritura 1033 de 1888 constituye un referente documental fundamental para estudiar ese proceso.

A pesar de las transformaciones institucionales y territoriales, las familias muyscas conservaron elementos de memoria, pertenencia y continuidad comunitaria que contribuyeron a la posterior reconstitución del gobierno propio.

El 25 de enero de 1991 se constituyó el Cabildo Indígena Muisca de Suba, en un contexto nacional de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y de transformación del orden constitucional colombiano.

La Constitución Política de 1991 reconoció la diversidad étnica y cultural de la Nación en su artículo 7; estableció la jurisdicción especial indígena en el artículo 246 y reconoció principios de autonomía territorial y organización de los pueblos indígenas en sus artículos 286, 287, 329 y 330.

De igual manera, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, incorporado mediante la Ley 21 de 1991, reconoció la importancia de las costumbres, instituciones y formas propias de organización de los pueblos indígenas.

En este nuevo escenario jurídico, la legitimidad de las autoridades indígenas no puede depender de las categorías coloniales de sangre, hidalguía o castas. La identidad y pertenencia indígena deben comprenderse desde la conciencia de identidad, la continuidad cultural, la memoria histórica y los mecanismos de reconocimiento establecidos por cada pueblo.

El artículo 1.2 del Convenio 169 de la OIT establece que la conciencia de la identidad indígena constituye un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican sus disposiciones. Asimismo, el artículo 33 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho de los pueblos a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones.

En consecuencia, el expediente de Ambrosio Pisco permite reconocer una tensión histórica que continúa siendo relevante: la diferencia entre una autoridad legitimada desde la propia comunidad y una autoridad cuya existencia y ejercicio quedan subordinados a decisiones externas.

La autonomía contemporánea representa una transformación sustancial respecto de aquel orden colonial. Las comunidades indígenas cuentan hoy con un marco constitucional que protege sus instituciones, sus procedimientos y sus formas de organización.

9. Reflexiones para el fortalecimiento del derecho propio muysca

El estudio del cacicazgo de Bogotá y de la reclamación de Ambrosio Pisco ofrece elementos relevantes para comprender y fortalecer las actuales instituciones de gobierno propio del pueblo Muysca.

De este proceso histórico pueden desprenderse cinco reflexiones:

1. La memoria histórica y genealógica constituye patrimonio comunitario.

La reconstrucción de los linajes y de las autoridades históricas permite documentar la continuidad de las familias y las instituciones indígenas. Su conservación debe contribuir a la investigación histórica y al fortalecimiento de la memoria colectiva, sin convertir la descendencia biológica en un requisito excluyente de pertenencia.

2. La legitimidad de la autoridad requiere reconocimiento comunitario.

El expediente demuestra que la descendencia no era el único elemento considerado en las controversias sucesorias. La aceptación de la comunidad aparece como una dimensión fundamental de la legitimidad. En el gobierno propio contemporáneo, las formas de designación, elección, ratificación y control de las autoridades deben responder a los procedimientos definidos por cada pueblo.

3. La autonomía exige reglas propias de gobierno y sucesión.

Las contradicciones entre las costumbres indígenas y las normas de primogenitura castellana evidencian las consecuencias de someter las instituciones indígenas a criterios jurídicos externos. El fortalecimiento del derecho propio requiere normas claras, legítimas y concertadas comunitariamente.

4. La autoridad implica responsabilidad territorial.

La reclamación de Ambrosio Pisco estaba vinculada a la restitución de los pueblos y resguardos. Este antecedente demuestra que el ejercicio del gobierno indígena no puede separarse de la defensa del territorio, la memoria ancestral y la protección de los intereses colectivos.

5. La voluntad y el debido proceso son garantías fundamentales.

El procedimiento seguido para verificar la renuncia de Joseph Vicente permite identificar garantías relacionadas con la libertad de decisión, la ausencia de coacción y el derecho a ser escuchado. Estos principios pueden contribuir al fortalecimiento de los procedimientos propios, respetando las particularidades culturales y normativas de cada comunidad.

10. Conclusiones

El expediente de Don Ambrosio Pisco constituye una fuente de considerable valor para la reconstrucción histórica y jurídica del cacicazgo muysca de Bogotá durante el siglo XVIII. Su contenido permite observar que las autoridades indígenas conservaron mecanismos de legitimidad relacionados con el parentesco, la memoria genealógica, la aceptación comunitaria y la responsabilidad frente al territorio, aunque su ejercicio se encontraba condicionado por las instituciones coloniales.

La genealogía de la Casa Pisco demuestra la importancia de la descendencia materna en la construcción de los derechos sucesorios y evidencia que las mujeres desempeñaban un papel determinante en la transmisión de la continuidad familiar. El caso también permite identificar cómo las normas coloniales de exclusión por mestizaje fueron utilizadas como argumentos dentro de las disputas por el ejercicio de la autoridad.

Sin embargo, el principal aporte histórico del expediente trasciende la controversia sucesoria. Ambrosio Pisco vinculó su reclamación con la restitución de los pueblos indígenas extinguidos y la recuperación de sus resguardos, convirtiendo el reconocimiento del cacicazgo en parte de una propuesta de reorganización y defensa territorial.

La referencia al camino del pueblo de Suba constituye, además, un testimonio documental de la participación de este territorio en el contexto político de la revolución de los Comuneros de 1781 y aporta elementos para profundizar en las relaciones históricas entre los pueblos indígenas de la Sabana.

Desde una perspectiva contemporánea, el caso permite establecer una relación crítica entre las antiguas instituciones cacicales y las actuales formas de gobierno propio. Aunque no es posible afirmar una identidad institucional directa entre ambas, sí resulta pertinente reconocer continuidades en las funciones de representación, protección territorial, organización comunitaria y preservación de la memoria colectiva.

La principal enseñanza del expediente es que la autoridad indígena no puede comprenderse exclusivamente como un derecho de sangre ni como una dignidad reconocida por un poder externo. Su legitimidad se encuentra relacionada con la comunidad que representa, con la responsabilidad que asume y con la defensa de las condiciones materiales, culturales y espirituales que permiten su continuidad como pueblo.

En consecuencia, la historia del cacicazgo de Bogotá no constituye solamente un episodio del pasado colonial. Es también una fuente para comprender la resistencia institucional del pueblo Muysca y la persistencia de sus aspiraciones de autonomía, reconocimiento y gobierno propio.

La reclamación de Ambrosio Pisco permite reconocer que, incluso bajo el dominio colonial, el cacicazgo continuó siendo un espacio de disputa por la autoridad, la pertenencia y el territorio. Su historia recuerda que el gobierno propio no comienza con el reconocimiento de las instituciones republicanas: tiene antecedentes en las estructuras políticas, jurídicas y comunitarias que los pueblos indígenas construyeron y defendieron mucho antes de la conformación del Estado colombiano.

Fuentes documentales y referencias bibliográficas

Fuentes primarias

• Archivo Histórico Nacional de Colombia (AHNB). Fondo Caciques e Indios, tomo XXVI, folios 1r–10v. Expediente de Don Ambrosio Pisco sobre la reclamación del cacicazgo de Bogotá, 1781.

• Archivo Histórico Nacional de Colombia (AHNB). Fondo Criminales, folio 257r. Causa criminal contra Diego Cañón por heridas al cacique de Bogotá, a su hermano Don Ambrosio Pisco y al teniente de Bogotá, 1758.

• Archivo Histórico Nacional de Colombia (AHNB). Expediente sobre el cacicazgo de Suba, 1667–1671, folios 307–319.

• Archivo correspondiente a la Escritura 1033 de 1888, relativa a la división de las tierras del antiguo resguardo de Suba.

Referencias historiográficas y jurídicas

• Aguilera Peña, M. (1985). Estudios sobre el movimiento comunero y sus protagonistas.

• Bonnett, D. (2002). Estudios históricos sobre la política de agregación y extinción de pueblos de indios en el Nuevo Reino de Granada.

• Correa, F. (2004). Investigaciones sobre organización social, política y territorial de los muiscas.

• Gamboa, J. A. (2010). Investigaciones sobre los cacicazgos muiscas, sus estructuras políticas y sus transformaciones durante el periodo colonial.

• Phelan, J. L. (1980). El pueblo y el rey: La revolución comunera en Colombia, 1781.

• Rappaport, J. (2014). Estudios sobre identidad, organización indígena y sociedad colonial en el Nuevo Reino de Granada.

Triviño Cabiativa 2026. Universidad Incca de Colombia- Expedientes judiciales indigenas Real Audiencia de Santa Fe.